Hablando Claro: La Reforma Judicial de AMLO en el Ojo del Huracán

Hola Queridos Lectores De Nota Hidalgo, hoy regreso en “Hablando Claro”, para escribirles de nueva cuenta en esta importante plataforma de noticias. Y en esta ocasión es sobre la Reforma Judicial planteada por el Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador.

Empecemos con algunas de las reformas y propuestas las cuales están en el ojo del huracán. Se plantea reformar el tercer párrafo del artículo 94 de la Constitución para reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte y la duración en su encargo pasaría de 15 a 12 años.

Las dos salas que tiene actualmente el máximo tribunal serán eliminadas y se realizarán sesiones en el pleno que deberán ser públicas y transparentes para que todos tengan acceso a los temas que se argumentan.

Contempla también la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México que, según el Gobierno federal, es de unos $158,324.00 M.M mensuales. (En eso si estoy de acuerdo que se elimine).

En estos cambios se tiene la sustitución del CJF (Consejo de la Judicatura Federal), que se encarga de la administración de la Judicatura y de la vigilancia de la actuación de los jueces. La propuesta busca que sea reemplazado por dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

El primero estará encargado de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial, según el documento de la reforma.

El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por cinco personas designadas para un periodo de seis años. El Poder Ejecutivo nombrará a uno; el Senado, a otro; y la SCJN, a tres.

Sus funciones contemplan la recepción de denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley o a la Administración de Justicia.

Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por siete miembros, uno de los cuales es el presidente de la Suprema Corte y también del Consejo; tres de entre los magistrados y jueces de Distrito, designados por el pleno de la Corte por mayoría de cuando menos ocho votos; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de México.

La reforma propone cuatro nuevas reglas:

• Justicia expedita: propone un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales.

• Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

• Justicia local: los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

• Fideicomisos del Poder Judicial: cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores

La reforma al Poder Judicial, uno de los ejes del paquete de 20 iniciativas presentadas por López Obrador en febrero de 2024 con el objetivo de aprobarse hacia el final de su mandato, entra en el tramo decisivo para su aprobación. El proyecto de ley, que plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina, ha comenzado a discutirse en la Cámara de Diputados este lunes ante la presión creciente tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de Estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto, como de las principales asociaciones empresariales del país, que advierten de un descenso en la inversión en caso de su aprobación.

El punto más polémico del proyecto de ley radica en la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos fases: mientras en 2025 se elegirían tanto a los ministros de la Suprema Corte, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordemos esta parte importante de la reforma en que los jueces y magistrados, plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva. Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo. En pocas palabras ya no tomara en cuenta la carrera judicial en juzgados para poder escalar a los puestos.

Ahora pasemos a la cuestión de la aprobación de la misma, el INE, inmerso en una discusión sobre la forma en que se reparten los espacios plurinominales a partir de la interpretación de la Constitución, aprobó que Morena y sus aliados (el PT y el PVEM) ostenten el 73% de curules en la Cámara de Diputados (364 legisladores) para la siguiente legislatura, que arranca funciones el 1 de septiembre de 2024. Si bien el Tribunal Electoral habrá de resolver las impugnaciones de la oposición en los próximos días para confirmar el reparto del Congreso, con la mayoría calificada en San Lázaro el oficialismo podrá reformar la Constitución sin necesidad de negociar con opositores y, por lo tanto, facilitar el camino de aprobación de la reforma del poder judicial, cuya discusión inicia el lunes de esta semana en la Cámara de Diputados (ya con la nueva legislatura).

La apuesta del bloque morenista está en que heredó el proyecto de ley en la nueva legislatura, que se encargaría de someter a votación del pleno de San Lázaro, a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. El TEPJF no dio diputaciones en la mayoría calificada a Morena y así es que estos optaron por reclutar como en el DRAFT de fútbol a diputados de sus partidos aliados como el Verde Ecologista y el PT. Incluso añadieron a dos senadores del PRD a la bancada morenista, son José Sabino Herrera y Araceli Saucedo (Ni el PRI se atrevió a tanto). Pero como es Morena todo está bien.

La reforma al Poder Judicial impulsada por AMLO va derecha la flecha, no se quita, si le pegan se desquita. Así como lo leen, los diputados de Morena ya iniciaron una solicitud de juicio político en contra de los jueces que otorgaron la suspensión provisional de esta misma reforma. Esto es en contra de la jueza Martha Eugenia Magaña López y del juez Felipe V. Consuelo Soto, que por su burda invasión de competencia (sic). El conflicto inició cuando el 31 de agosto, cuando la jueza federal Martha Eugenia Magaña López con sede en Morelos, emitió la suspensión provisional que impedía al pleno de la Cámara de Diputados discutir la “Reforma Judicial”. Y horas después el juez Felipe V. Consuelo Soto de Chiapas, dictó otra suspensión que bloqueaba el envió de proyecto a los congresos locales en caso de que la reforma fuera aprobada por los diputados. (Véase que también aquí en el Estado de Hidalgo los diputados del Verde Ecologista ya se pasaron a Morena para que nadie les frene nada y esto sucesivamente en los demás Estados de la República.

Esto apenas comienza porque la discusión está a flor de piel y va para largo, ya que la reforma sigue en la Comisión con nada menos que 330 reservas de modificación en la mesa, aunque Morena y amigovios aliados parecen tener los votos necesarios para mandar a volar cada uno de los cambios que propone la oposición. Después, la iniciativa seguirá recorriendo los pasillos del Congreso, siendo enviada al Pleno de Diputados y de ahí, al Senado. Se espera que la nueva legislatura la pase en favor de la Cámara Baja, donde Morena y amigos tienen una mega mayoría.

En el Senado puede atorarse un poco la discusión, ya que los morenistas necesitan tres votos de senadores opositores para alcanzar la llamada mayoría calificada y así, lograr su cometido. Ojo (ya comenté que dos del PRD ya se pasaron a Morena), porque el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco (esposo de la señora de las enfrijoladas), avisó que “con un 90%” de seguridad será un hecho.

Hay que ver que esta iniciativa plantea voltear de cabeza al Poder Judicial proponiendo, entre otros temas, que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular. Que solo es requisito tener el título de licenciado en derecho (ya dijo el presidente que no es complejo ser abogado) y además plantean que los ciudadanos podrán defenderse por sí solos mediante medios electrónicos y formatos disponibles en la plataforma de la ley de transparencia… vendrán cosas peores dice la biblia. Esperemos que la Dra. Claudia Sheinbaum sea más prudente (al parecer está más abierta a plantear mejores salidas a esta reforma e incluso es más sobria, cauta y preparada políticamente) y no cumpla caprichos de venganza.

Como dato extra quiero comentar algunas referencias sobre si otros países votan popularmente por funcionarios judiciales:

Bolivia es el único país en Latinoamérica que elige a sus jueces por voto popular, un proceso que comenzó en 2011 tras la aprobación de una nueva constitución en 2009. Se eligen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura mediante sufragio universal.

E.E.U.U. A nivel federal, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado​. En algunos estados de Estados Unidos sí se eligen a jueces y magistrados locales por voto popular; sin embargo, los candidatos están designados por una comisión judicial.

Además, la elección de jueces en los estados puede ocurrir a través de elecciones judiciales partidistas o no partidistas; ése es caso de:

Alabama (partidista), Illinois (no partidista), Louisiana (partidista), Nuevo México (partidista), Arkansas (no partidista), Mississippi (no partidista), Dakota del Norte (no partidista), Carolina del Norte (partidista), Pensilvania (Partidista), Texas (Partidista), Washington (no partidista), Virginia (no partidista), Wisconsin (no partidista), Georgia (no partidista), Idaho (no partidista), Kentucky (no partidista), Minnesota (no partidista), Montana (no partidista), Nevada (no partidista) y Oregon (no partidista).

Las elecciones no partidistas se adoptaron en un intento de ayudar a restaurar la integridad de los tribunales y, al mismo tiempo, de romper el dominio de los partidos políticos en la selección de los jueces. Cosa que aquí en México no aplica.

En Suiza, los jueces federales son elegidos por el parlamento, pero en algunos cantones (estados independientes), los jueces son elegidos por voto popular.

Los jueces no deben estar militando en algún partido político y, actualmente, hay un debate para hacer que en las entidades ya no se vote universalmente por esos cargos.

Japón los jueces de la Suprema Corte de Japón son designados por el Poder Ejecutivo, cada 10 años deben someterse a una votación popular para ser ratificados en sus cargos​.

Queda de manifiesto que este proyecto de la Reforma Judicial no tiene una planeación minuciosa, es solo la vendetta y la manera más fácil de tener sometido al Poder Judicial que solo ese le falta tener a la 4T. Solo la bandera de apoyo del gobierno solo hace publicidad es que por que ganan mucho, tienen seguros excesivos, camionetas (eso está bien que lo quiten) y el sueldo mensual el cual a mí me parece algo razonable por que los hace “incorruptibles” y nadie les llegara al precio tan fácil. El presidente dice que por que hay jueces corruptos… y que, en todo el ámbito laboral, áreas, iniciativas etc ¿no hay corruptos? Mejor deberían también analizar el presupuesto que tienen las dos cámaras tanto de Diputados como de Senadores que rebasa lo del poder Judicial y en subirse el sueldo los diputados si se ponen de acuerdo en un abrir y cerrar de ojos. Hablando Claro, Hasta La Próxima.

P.D. Anexo lo que hace el CJF.   Descarga Aquí.